Intelectuales y ONG exigen a Peña recibir a padres de los normalistas
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la divulgación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la reacción del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, activistas, académicos y organizaciones sociales exigieron al jefe del Ejecutivo recibir a los padres de familia de los 43 desaparecidos y demás víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014.
En una carta dirigida a Peña Nieto, integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos lo exhortaron a “replantear toda la investigación y también revisar si no se está procesando a personas inocentes”.
Por otra parte, dos centenares de organizaciones sociales mexicanas y extranjeras alertaron sobre un intento de “montaje” tras las declaraciones de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, de que se realizaría un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, para confirmar o descartar la verdad oficial sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
En la misiva firmada por 13 integrantes del Consejo, entre ellos Mariclaire Acosta, Santiago Corcuera y Diego Valadés, hicieron un reconocimiento al presidente por dar instrucciones a las dependencias para analizar las recomendaciones del GIEI y a la procuradora Arely Gómez por anunciar que solicitará a la CIDH la prolongación del mandato del grupo de expertos.
Para los consejeros ciudadanos, el informe “contiene elementos nuevos y de importancia que deben ser valorados por la autoridad mexicana responsable de investigar y sancionar”.
Los firmantes resaltaron que, derivado de la investigación del GIEI, las autoridades mexicanas están obligadas “a explorar líneas de investigación que fueron previamente desechadas por la Procuraduría General de la República” y a revisar si no se está procesando a inocentes.
“Se necesita una tesis clara del caso, sustentada en evidencia que explique qué pasó y quiénes son los responsables”, sostuvieron los consejeros. Además, valoraron el convenio entre el gobierno mexicano y la CIDH para la conformación del GIEI como una apertura “ante las instancia internacionales que debe celebrarse y mantenerse”.
Tras recomendar que se lleve a cabo cuanto antes la reunión con los padres de familia de los desaparecidos, los consejeros ciudadanos, insistieron en que “para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche trágica, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad”, es decir, hacer tangible “el combate a la corrupción y a la impunidad”, elemento central “en su discurso del 2 de septiembre”.
La carta también fue firmada por José Luis Caballero, Roy Campos, Katia D’ Àrtigues, Ana Laura Magaloni, Ricardo Raphael, José Roldán, Pedro Salazar, Sandra Serrano, Regina Tamés y Jaime Valls.
Por otra parte, más de 200 agrupaciones civiles respaldaron el informe del GIEI porque documentó “con solidez el ocultamiento y tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la PGR”.
En un comunicado, las agrupaciones consideraron que luego de haber causado “gran sufrimiento” con la “verdad histórica”, el gobierno de Peña Nieto tendría que dar “muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de propiciar la confianza con las víctimas y sus familiares”, asumir sin restricciones las recomendaciones del GIEI y cumplirlas a cabalidad.
Las organizaciones expresaron su preocupación de que “planteamiento de la PGR en relación a un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula dé lugar a otro montaje, cuando la imposibilidad de que alguna persona haya sido cremada en ese lugar ha sido plenamente demostrada por el peritaje presentado por el GIEI”.
Organizaciones de defensa de derechos humanos de México, Guatemala, Argentina Uruguay, Venezuela, Honduras, Chile, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Colombia, exigieron a Peña Nieto recibir a las familias de las víctima para “reestructurar la investigación oficial e impulsar la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos a partir de las recomendaciones hechas por el GIEI”. También le demandaron extender el mandato del grupo “de manera indefinida hasta que los 43 estudiantes sean encontrados”.
En el comunicado, los firmantes recordaron que el informe del GIEI también “formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad”.
Por ello, insistieron en que el cumplimiento de las recomendaciones “es fundamental para que miles de víctimas de otros casos puedan encontrar la verdad y la justicia que por largo tiempo han buscado”.
Al comunicado se sumaron los colectivos de Defensores de Migrantes y Refugiados, de Migraciones para las Américas y por la Transparencias, así como la Convergencia por los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos contra Todas y todos”, agrupaciones que aglutinan a decenas de organismos, y una veintena de personalidades, entre ellas el poeta Javier Sicilia.
En una carta dirigida a Peña Nieto, integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos lo exhortaron a “replantear toda la investigación y también revisar si no se está procesando a personas inocentes”.
Por otra parte, dos centenares de organizaciones sociales mexicanas y extranjeras alertaron sobre un intento de “montaje” tras las declaraciones de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, de que se realizaría un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, para confirmar o descartar la verdad oficial sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
En la misiva firmada por 13 integrantes del Consejo, entre ellos Mariclaire Acosta, Santiago Corcuera y Diego Valadés, hicieron un reconocimiento al presidente por dar instrucciones a las dependencias para analizar las recomendaciones del GIEI y a la procuradora Arely Gómez por anunciar que solicitará a la CIDH la prolongación del mandato del grupo de expertos.
Para los consejeros ciudadanos, el informe “contiene elementos nuevos y de importancia que deben ser valorados por la autoridad mexicana responsable de investigar y sancionar”.
Los firmantes resaltaron que, derivado de la investigación del GIEI, las autoridades mexicanas están obligadas “a explorar líneas de investigación que fueron previamente desechadas por la Procuraduría General de la República” y a revisar si no se está procesando a inocentes.
“Se necesita una tesis clara del caso, sustentada en evidencia que explique qué pasó y quiénes son los responsables”, sostuvieron los consejeros. Además, valoraron el convenio entre el gobierno mexicano y la CIDH para la conformación del GIEI como una apertura “ante las instancia internacionales que debe celebrarse y mantenerse”.
Tras recomendar que se lleve a cabo cuanto antes la reunión con los padres de familia de los desaparecidos, los consejeros ciudadanos, insistieron en que “para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche trágica, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad”, es decir, hacer tangible “el combate a la corrupción y a la impunidad”, elemento central “en su discurso del 2 de septiembre”.
La carta también fue firmada por José Luis Caballero, Roy Campos, Katia D’ Àrtigues, Ana Laura Magaloni, Ricardo Raphael, José Roldán, Pedro Salazar, Sandra Serrano, Regina Tamés y Jaime Valls.
Por otra parte, más de 200 agrupaciones civiles respaldaron el informe del GIEI porque documentó “con solidez el ocultamiento y tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la PGR”.
En un comunicado, las agrupaciones consideraron que luego de haber causado “gran sufrimiento” con la “verdad histórica”, el gobierno de Peña Nieto tendría que dar “muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de propiciar la confianza con las víctimas y sus familiares”, asumir sin restricciones las recomendaciones del GIEI y cumplirlas a cabalidad.
Las organizaciones expresaron su preocupación de que “planteamiento de la PGR en relación a un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula dé lugar a otro montaje, cuando la imposibilidad de que alguna persona haya sido cremada en ese lugar ha sido plenamente demostrada por el peritaje presentado por el GIEI”.
Organizaciones de defensa de derechos humanos de México, Guatemala, Argentina Uruguay, Venezuela, Honduras, Chile, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Colombia, exigieron a Peña Nieto recibir a las familias de las víctima para “reestructurar la investigación oficial e impulsar la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos a partir de las recomendaciones hechas por el GIEI”. También le demandaron extender el mandato del grupo “de manera indefinida hasta que los 43 estudiantes sean encontrados”.
En el comunicado, los firmantes recordaron que el informe del GIEI también “formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad”.
Por ello, insistieron en que el cumplimiento de las recomendaciones “es fundamental para que miles de víctimas de otros casos puedan encontrar la verdad y la justicia que por largo tiempo han buscado”.
Al comunicado se sumaron los colectivos de Defensores de Migrantes y Refugiados, de Migraciones para las Américas y por la Transparencias, así como la Convergencia por los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos contra Todas y todos”, agrupaciones que aglutinan a decenas de organismos, y una veintena de personalidades, entre ellas el poeta Javier Sicilia.
