Exigen ONG a EPN acatar recomendaciones del GIEI sobre Ayotzinapa
Luego de que los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaran la versión de que los jóvenes estudiantes fueron calcinados en el tiradero de Cocula, Guerrero, y que confirmaran la presencia de autoridades federales, estatales y municipales en los escenarios en que ocurrieron los ataques contra los normalistas en Iguala, defensores internacionales exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto acatar las recomendaciones y aceptar la prórroga al GIEI para esclarecer el caso.
Luego de conocer las conclusiones, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró que “no hay sorpresa” para su organización que puso en duda la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, y lamentó la incertidumbre por el destino final de los jóvenes.
“Para Amnistía lamentablemente el informe no es una sorpresa, resulta desafortunado que se haya recibido con mucha tristeza por familias y las comunidades por no saber qué ha ocurrido realmente con los 43 estudiantes, hay mucha frustración e impotencia a casi 12 meses de los hechos”, dijo la defensora.
Tras recordar que desde que Murillo Karam dio a conocer “la verdad histórica”, AI rechazó esa versión, enseguida señaló que “era por un lado una conclusión muy preliminar sin contar con todos los elementos de prueba y muy irresponsable por parte de la PGR mostrar información que estaba sostenida mayoritariamente en dos testimonio de presuntos responsables”.
Guevara Rosas también lamentó los intentos de funcionarios del gobierno de Peña Nieto por descalificar las conclusiones del GIEI.
En entrevista, la representante regional de la organización con sede en Londres manifestó su desconcierto por el “cinismo” de funcionarios del gobierno de Peña Nieto que continúan sosteniendo la versión descalificada por los expertos independientes.
Y es que a unas horas de conocerse los resultados de los seis meses de análisis sobre las indagatorias, además de tuits cuestionando a los expertos, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, dijo en entrevista radiofónica que descartó reencauzar la investigación, y reiteró que “la verdad” para la PGR es que “en el basurero fueron ejecutados (los estudiantes), fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número importante de estudiantes”.
Sin embargo, para la defensora la respuesta de las autoridades federales revela un “encubrimiento frente a una situación tan grave y revela cierto grado de cinismo cuando la situación tiene que ser tomada con seriedad”.
Al señalar que tampoco se da por sorprendida con el descubrimiento de la presencia del Ejército la noche fatídica del 26 y 27 de septiembre de 2014 –“hace diez años que AI viene documentando serias violaciones de derechos humanos por personal militar”—, Guevara Rosas consideró que una vez más México tiene una oportunidad para esclarecer no sólo el destino final de los 43 estudiantes, sino de las más de 25 mil personas desaparecidas.
Al señalar que “el caso de la desaparición forzosa de 43 estudiantes fue sólo la punta del iceberg de una realidad dolorosa”, la representante de Amnistía Internacional para las Américas señaló que las recomendaciones “muy concretas” del GIEI en el caso de los estudiantes y el de los miles de desaparecidos, “el gobierno de México tiene en sus manos una herramienta para empezar a implementar cambios reales y no sólo cambios retóricos de discursos vanos y falsos”.
Por otra parte, en comunicados por separado organizaciones como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) destacaron que el GIEI echó abajo la versión oficial y exigieron un saneamiento de la investigación y del personal a cargo.
Al señalar que la procuradora general de la República, Arely Gómez, “se abstuvo de hacer declaraciones sobre los graves errores del gobierno en la investigación”, la coordinadora de WOLA para México, Maureen Meyer, recomendó “restructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas”, así como “crear un nuevo equipo dentro de la PGR para estar a cargo de la siguiente etapa de la investigación”.
La defensora destacó que el informe del GIEI reveló que “el gobierno trató de vender a la familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica”.
Meyer consideró preocupante que en el intento por mostrar una realidad distinta “el gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varis medidas, incluyendo posiblemente el uso de la tortura, para respaldar su versión de los hechos”, lo anterior contra el derecho de las familias a saber qué pasó.
En tanto, el IJPP consideró como una “falta de compromiso institucional con la verdad” las declaraciones de Tomás Zerón, al reiterar la “verdad histórica” sostenida en declaraciones de inculpados, lo que confirmarían lo que las organizaciones han documentado durante años: “Innumerables casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.
La organización civil exigió al gobierno de Peña Nieto que “reconozca la debilidad de la investigación de la PGR; tome en cuenta el informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación que deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial”, respetando el debido proceso de las personas implicadas y los derechos de las víctimas.
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