Peña se reunirá con padres de los normalistas el 24 de septiembre

 

La reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se realizará el próximo 24 de septiembre.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno de la República, representantes de los padres de los normalistas y expertos del Grupo Interdisciplinario acordaron la reunión entre el mandatario y los padres de los 43 normalistas desaparecidos para el próximo 24 de septiembre.

“La Presidencia de la República refrendará su compromiso en la atención integral a las víctimas, directas e indirectas y continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos”, indicó la Segob en un comunicado.

El pasado domingo 6, los padres exigieron una reunión con el mandatario con el fin de esclarecer el caso.

En esa ocasión exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque, según ellos, quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula.

Los padres también piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal.

Un día después de que los familiares de los normalistas manifestaran sus demandas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó “su total disposición” de reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

El encuentro, agregó el mandatario, se realizará una vez que estén presentes todos los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese día, Peña Nieto también anunció que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores convenir con la CIDH la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de que concluyan sus labores sobre el caso.

Peña Nieto afirmó que su gobierno no cejaría en trabajar para conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala.

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Ayotzinapa: los “sicarios”, sólo albañiles torturados

 

Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de  Cocula.

Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.

Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.

Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.

La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.

En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.

Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (“La verdadera noche de Iguala”, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.

Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.

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Pide la ONU a EPN investigar a autoridades involucradas en caso Ayotzinapa

 

 MÉXICO, D.F. (apro).- Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al presidente Enrique Peña Nieto “ahondar en los distintos grados de participación de todas y cada una de las autoridades” involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año pasado.

Juan Méndez y Christof Heyns, relatores especiales sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, respectivamente, también solicitaron que el gobierno mexicano instrumente “todas las recomendaciones” incluidas en el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A esa petición se sumaron Ariel Dulitzky, Bernard Duhaime, Jeremy J. Sarkin, Tae-Ug Baik y Jasminka Dzumhur, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En un comunicado fechado en Ginebra, resaltaron la conclusión de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero –versión presentada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como “la verdad histórica”–, y coincidieron con los expertos de la CIDH en la necesidad de hacer un replanteamiento general “a partir de los déficit”, como la búsqueda de estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas.

Al ofrecer su cooperación y asistencia técnica en el caso, los expertos de la ONU apuntaron que la investigación sobre los hechos de Ayotzinapa “debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción u omisión estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como el desarrollo de las investigaciones y actuaciones realizadas con posterioridad”.

Luego de puntualizar que todos los funcionarios que obstruyeron la investigación del caso de Ayotzinapa deben ser sometidos a indagatorias, alentaron al Estado mexicano a “implementar todas las recomendaciones del GIEI”.

Ello, dijeron, “favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, apuntaron.

Asimismo, recordaron que las observaciones de los expertos de la CIDH “son relevantes no sólo para el caso de los estudiantes normalistas, sino también para los grandes retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones”.

Finalmente, los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su cooperación y asistencia técnica al gobierno de Peña, y enviaron “un mensaje de reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas, a las familias y a los estudiantes normalistas”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=414961

Audioescándalos de OHL ahora involucran a Peña Nieto

 

 MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El presidente Enrique Peña Nieto se habría reunido con directivos de OHL para ayudarles a resolver la disputa legal que mantiene con Infraiber.

En más conversaciones difundidas en la red social Youtube, Andrés de Oteyza, director general de OHL, le dice a Pablo Wallentin, exdirector de Relaciones Institucionales de la compañía, que mantuvo una reunión con Peña Nieto en la que el mandatario se comprometió a frenar a Infraiber.

“Bueno, a ver, este Gerardo (Ruiz Esparza, titular de la SCT) se defiende delante del presidente (Enrique Peña Nieto), que ¡yo no le puedo decir dos veces a un secretario delante del presidente de la República que está equivocado!”, refiere Andrés de Oteyza en relación al sistema de verificación que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por OHL.

Continúa Andrés de Oteyza: “Yo sí percibí muy inquieto al principal, cuando empezamos a hablar de este tema como que se desencajó un poquito eh”.

La supuesta reunión entre directivos de OHL y Peña Nieto habría ocurrido el pasado 6 de abril. Entre los asistentes se encontrarían: Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, respectivamente, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT.

En las últimas horas, el abogado Pablo Diez Gargari, de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, se encuentra detenido de manera irregular en las instalaciones de la calle López número 14 de la Procuraduría General de la República por la presunta posesión ilegal de un arma calibre .38 que le fue “sembrada” en el momento de su detención.

Ayer se difundió un nuevo audio de una conversación entre Ruiz Esparza y Wallentin, que evidencia el presunto favoritismo del gobierno federal a OHL.

En el audio Ruiz Esparza, confirma al directivo de OHL que Infraiber, que denunció públicamente a la constructora española por irregularidades en el sistema del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=414922

Entrega GIEI “Informe Ayotzinapa” a autoridades federales

 

México, DF. El informe con la investigación alternativa que realizó el Grupo Interdisiplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el Caso Ayotzinapa -43 desapariciones forzadas, seis asesinatos, decenas de heridos- por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue entregado al medio día de este sábado a los tres subsecretarios que integran la tripartita de alto nivel que firmó en Washington el convenio para este mecanismo ante las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, los muertos y los heridos.

Los tres subsecrertarios -Roberto Campa, de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Eber Betanzos, de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y Juan Manuel Gómez Robledo de Asuntos Multilaterales de la cancillería- escucharon la presentación de los expertos y después subieron al presidium a recibir sus informes -un tomo negro que luce en la portada el diseño de una tortuga verde, símbolo de la Escuela Normal Rural- con aire de gravedad, puesto que el contenido del reporte pone al descubierto inconsistencias, omisiones e intentos de ocultamiento de pruebas del expediente oficial y por parte de las autoridades federales y estatales que estuvieron a cargo de la investigación.

En el “Informe Ayotzinapa”, sin embargo, no se determina el posible paradero de los 43 jóvenes. Es por ello, expresaron los cinco expertos que integran el GIEI, que “es necesario reorientar la investigación y reorientar la búsqueda”.

El documento, de más de 500 cuartillas que resumen un trabajo  y diversos peritajes independientes, contiene -aseguraron- “evidencias nuevas que cambian la perspectiva del expediente oficial”. Propone nuevas hipótesis tanto sobre el móvil de esta agresión de gran magnitud como para determinar el paradero de los 43 desaparecidos y señalar responsabilidades de los perpetradores.
Entre las hipótesis que propone el GIEI como contradictorias y excluyentes de conclusiones que fueron presentadas como tesis comprobadas en los expedientes oficiales -y que en su momento el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam llamó “verdad histrórica”- está la línea no investigada sobre el móvil de la agresión, que pudo ser detener la salida de uno de los autobuses que habían tomado los estudiantes en la terminal del centro de Iguala ya que, entre ellos, había un vehículo usado por la organización de narcotraficantes “Guerreros Unidos” para transportar droga (Iguala es puerta de salida de la mayor producción de pasta de heroína en la región norte del estado).

Otra es la imposibilidad de que 43 cuerpos hayan sido incinerados en una pira en el basurero de Cocula.

Se determinó también como falsa la tesis de que los pistoleros de “Guerreros Unidos” hubieran confundido a los estudiantes como miembros de la banda rival “Los Rojos”, ya que se comprobó que desde su salida de Chilpancingo en dos autobuses tomados hasta su llegada a los caminos de acceso a Iguala se trataba de cerca de 100 estudiantes desarmados.

También se conocía cual era el objetivo de su viaje: la toma de autobuses para viajar a México. También se descartó la versión de que se temía que los estudiantes fueran a violentar o boicotear el informe de la esposa del presidente municipal, María Angélica Pineda, ya que el evento había terminado horas antes.

En el auditorio “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal escucharon en absoluto silencio el informe los familiares de los jóvenes que fueron víctimas delas agresiones del 26 de septiembre, familiares y organizaciones de desaparecidos de otras regiones del país (además de Iguala Michoacán, Coahuila, Estado de México, Oaxaca), organizaciones de derechos humanos y observadores.

Padres de los 43 “nos pidieron decirles siempre la verdad”: expertos

 

México, D.F. Cuando los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron por primera vez con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, ejecutados o heridos durante los hechos en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre, una súplica de esas humildes familias los removió. Fue una frase simple, pero profunda: “Díganos siempre la verdad, no nos mientan”.

Ese 2 de marzo, en su primera reunión en la Normal de Tixtla, las familias abrieron su corazón a los investigadores extranjeros y les dijeron que depositaban en ellos toda su confianza. “Cuando hay miedo –y en Guerrero, especialmente en Iguala y Cocula, el miedo es profundo–, la confianza es lo más difícil de obtener. Para nosotros fue un regalo y un compromiso”, expresa Carlos Beristain, miembro del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esa característica, la de reunir en un equipo distintas disciplinas, permite que los cinco se integren y complementen de manera especial.

Bajo el cobijo de esa confianza de las familias y los sobrevivientes, los especialistas trabajaron seis meses revisando las actuaciones hechas y añadiendo las propias. La primera etapa de su labor terminó el domingo con la entrega de un informe final.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó finalmente que está dispuesto a ampliar seis meses el mandato del GIEI, como está previsto en el convenio del gobierno mexicano con la CIDH. “Es algo positivo e importante, porque si bien hemos podido avanzar en estos seis meses, aún hay temas claves para profundizar: telefonía, balística y los resultados de las pruebas de ADN que se entregaron en Innsbruck la semana pasada”, comentó la guatemalteca Claudia Paz. También aseguró: “Iremos gustosos a una entrevista” con el mandatario.

Polémica en torno a una hoguera
Entre las conclusiones del informe se descarta –por ser “científicamente imposible”– que los 43 normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Además, adelanta una hipótesis sobre el móvil del crimen que nunca fue trabajada como línea de la averiguación previa de la PGR: que las distintas corporaciones policiacas participantes en los sucesivos ataques y el crimen organizado quisieron impedir, aun a costa de una violencia sin control, que los cinco autobuses que llevaban los estudiantes salieran de la ciudad, ya que, sin saberlo, los jóvenes podrían haber tomado un vehículo cargado con droga.

Respecto a la forma como el domingo echaron abajo la tesis de la incineración en Cocula, que el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó a la opinión pública como “verdad histórica” el 27 de enero, ayer el subprocurador para Delincuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, defendieron esa conclusión, recordando que la dependencia también sustentó su versión en numerosos peritajes. “Más de cien peritos no pueden estar equivocados”, dijo Zerón de Lucio. “Murillo no mintió”, aseveró Muñoz.

Interrogados sobre esta reacción, los expertos internacionales respondieron: “Preferimos evitar caer en una confrontación sobre quién tiene la razón. Hay que ir a las pruebas técnicas y éstas acreditan que en ese lugar no pudo haber una incineración”.

A su vez, explicaron las razones por las que incorporaron, como pericia cierta, el estudio del especialista peruano de la Universidad de Queensland, en Australia, José Torero. Su peritaje incluyó una visita al tiradero de Cocula, el análisis de los niveles de radiación de una pira en un espacio abierto, el estudio de la vegetación, la revisión de los expedientes realizados con la PGR y una larga reunión con muchos de los peritos que participaron en la investigación.

Incluso, uno de los libros de la literatura sobre fuego que los peritos de PGR citaron era precisamente de la autoría de Torero. Entre otras intervenciones profesionales, el peruano fue perito especializado en fuego en el caso de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

La voz de las víctimas
Pero el Informe Ayotzinapa, que desde anteayer es noticia principal en todos los medios y objeto de reacciones en el espectro social, no pretende ser únicamente un documento sobre los aspectos penales del caso. “Quisimos también, y sobre todo, reflejar aquí la voz de las víctimas. Esta experiencia de desaparición forzada debe ser entendida por la sociedad en toda su profundidad”, puntualizó Beristain.

La guatemalteca Claudia Paz y Paz, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox y el vasco Carlos Beristain abrieron un espacio en su agenda para hablar con este diario y delinear varios puntos necesarios para rencauzar las indagatorias, con el objetivo principal de aportar certezas sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Todos coincidieron en que un problema medular en el manejo del caso por las autoridades es que hay una “desconexión entre las historias”. Por una parte se documentan e investigan las circunstancias de antes y durante el ataque por los cuerpos de seguridad, y por otra se presenta lo que las autoridades dicen que sucedió en el basurero de Cocula con la intervención de presuntos miembros del crimen organizado. “Es como si la acción de la policía fuera una y después hay otra cosa totalmente distinta, donde aparecen los Guerreros Unidos. Y nos refieren que el único punto de conexión es la entrega de los normalistas”.

Coincidieron también en cuanto al vicio central de la investigación: la base para sostener la tesis de la desaparición de los 43 estudiantes, presuntamente incinerados en una hoguera después de ser ejecutados y arrojados al río San Juan, parte únicamente de las declaraciones de los presuntos perpetradores. Y según estas versiones –principalmente los dichos de cinco de ellos, procesados y presos en Tepic–, a los jóvenes los mataron y quemaron porque eran del grupo criminal rival Los Rojos y se pensaba que habían llegado a Iguala a “disputarles la plaza”.

Pero estas declaraciones –explican los expertos– no están confrontadas con las versiones de otros testigos o actores ni están sustentadas en otras pruebas procesales ni en evidencias duras. No se analiza si estas declaraciones tienen consistencia interna o externa.

Cuando el GIEI confronta las versiones de los presuntos perpetradores encuentra contradicciones e inconsistencias muy evidentes. En síntesis, halla en el expediente de la PGR cuatro versiones. Una, que los estudiantes llegaron a Iguala para matar a unos narcos, Los Benítez, en el autolavado llamado Los Peques. Dos: que los habrían llevado al paraje de Pueblo Viejo, donde los asesinaron y enterraron. Tres, que después de un enfrentamiento capturaron a 17 estudiantes, los llevaron a una casa de seguridad y ahí los mataron. Y cuatro, la versión del basurero de Cocula.

Aunque está demostrado con evidencias que estas historias “no son ciertas”, son versiones distorsionadoras que contribuyeron a estigmatizar a los estudiantes. A las familias se les lastimó mucho con el mal manejo de la información que se filtró a los medios de comunicación.

Cuando los especialistas acudieron al penal de Tepic para entevistarse con los procesados del caso, también hablaron con cinco presuntos homicidas. En su conversación, negaron ser miembros de Guerreros unidos y haber cometido los hechos que el expediente les atribuye. Todos presentaban lesiones. El GIEI ha sostenido que las autoridades deben investigar la presencia de posible tortura. “No estamos diciendo que fueron torturados, sino que es algo que debe investigarse”.

Sostiene Cox: “Si hay una lección que puede aportar nuestro trabajo es justo que no hay que confiar tanto en las confesiones y declaraciones. Éstas pueden ser el punto de inicio, pero se deben confrontar con distintas pruebas. La investigación criminal debe ser analizada en el marco de evidencia dura, objetiva, distinta, que confronte”.

fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/07/necesario-extender-periodo-de-investigaciones-giei-6922.html

Ayotzinapa, un “crimen de Estado” que marcará a Peña: Solalinde

 

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto debe fincarle responsabilidades penales al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y a todos los que obstruyeron los procesos de justicia, alertó el padre Alejandro Solalinde.

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” al rechazar que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula y corroborar la existencia de un quinto autobús que la PGR no reportó en sus indagatorias, Solalinde calificó este hecho como un “crimen de Estado”.

“Es un crimen de Estado y eso nadie se lo va a quitar al gobierno de Peña Nieto, es un crimen de Estado que lo va a marcar toda su vida y para toda la eternidad”, sostuvo el fundador del albergue Hermanos en el Camino.

Y todavía fue más allá al pedir que se le finquen responsabilidades penales a Murillo Karam y a quienes ocultaron esta información, incluido el propio Peña Nieto, debido a que estuvo informado de todo.

“Imagínense en dónde dejaron los equipos de inteligencia de la Sedena, Policía Federal, Gobernación, Cisen, pues sabían todo eso. Sabían lo del quinto camión y saben perfectamente cuál es el paradero de los 43 estudiantes, que no se hagan. Ellos saben en dónde están y cómo están”.

El religioso reconoció que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue desechada desde antes por científicos de la UNAM, quienes habían confirmado con estudios que era imposible que en los basureros de Cocula hubieran sido cremados los normalistas.

Sin embargo, estas nuevas aportaciones de nuevas vías de investigación, entre ellas el quinto camión aparentemente cargado con droga, apuntan a que “estamos frente a un narco Estado”.

El reporte del GIEI detalló que los hechos de septiembre de 2014 dejaron 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas.

Y en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos de violencia estuvieron presentes elementos del 27 Batallón, de la Policía Federal (PF), Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.

Una de las integrantes del GIEI, la abogada Claudia Paz y Paz, dio indicios sobre la existencia de un autobús Estrella Roja, con número económico 3278, que fue “desaparecido” en las indagatorias oficiales y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.

La guatemalteca contó que el grupo de expertos del GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aun cuando en un video de la central camionera de Iguala se observa que fue abordado por los jóvenes.

Los normalistas, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías estatales y federales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.

Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos al asegurar que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo.

Sin embargo, “después localizaron un escrito en la indagatoria, al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.

Al respecto, Solalinde Guerra dijo que “al parecer esos camiones llevaban droga y los muchachos al tomar los camiones no se percataron de ello, es más bien la responsabilidad de la colusión de las autoridades de todos los niveles, ahí está el Estado, ahí está el Ejercito, la Policía Federal y las estatales. Los tres órdenes de gobierno y los servicios de inteligencia que no reportaron nada”.

Entonces, “el gobierno ya entró en un callejón sin salida, se les cayó su verdad histórica y ahora tiene que responder, investigar para conocer el paradero de los normalistas.

“Lamentablemente tenía que venir un grupo de expertos del extranjero para que pudieran hacer una investigación objetiva y abrir puertas que estaban totalmente cerradas, como las del Ejército y la PF, y ese quinto camión que nunca reportaron y resulta que ahí está. Y al Estado no le queda de otra más que aceptar esto y no meter reversa”, puntualizó.

Ahora tienen que fincarle responsabilidad a los que obstruyeron los procesos de justicia, aunque lo que se advierte es que van a aparecer “chivos expiatorios porque van a buscar salvar a los que tengan que salvar, porque aquí va a haber grandes daños políticos y van a procurar que haya los menores daños políticos para liberar y exonerar a las personas y al Ejército, que lo cuidarán más, a y la Policía Federal, aunque ésta ya no puede estar más desprestigiada”.

Por último, dijo que hay que poner especial atención en la “cadena de mandos”, ya que serán ellos los principales sacrificados.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/414877/2015/09/08/ayotzinapa-un-crimen-de-estado-que-marcara-a-pena-solalinde 

El caso Ayotzinapa puede transformar la lucha contra la impunidad en México: CIDH

 

MÉXICO, D.F., (apro).- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que “tocó la conciencia del mundo”, podría ayudar a transformar la lucha contra la impunidad en México.

Así lo señaló Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la elaboración del informe sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, y que puso sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la Procuraduría General de la República (PGR): un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.

Luego de señalar que en el estudio se concluyó que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula –punto que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó como “la verdad histórica”–, el especialista destacó que las autoridades deben replantear la investigación del caso.

En entrevista para Aristegui CNN, Beristain precisó que el documento “plantea herramientas que pueden ayudar a restablecer la confianza con las víctimas y la sociedad”. Lo importante, agregó, es cómo se replantean las cosas, no tanto el análisis. “Hay numerosas propuestas y recomendaciones de qué es lo que hay que transformar“, apuntó.

Y subrayó: “El caso que tocó la conciencia del mundo puede convertirse en el caso que ayude a transformar y tener nuevas herramientas en México en la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con el experto, una parte de los descubrimientos que hicieron “se basa en información que ya estaba en el expediente de la PGR”, pero hay otra parte de diligencias que ellos mismo realizaron, como por ejemplo la toma de testimonios.

“Yo diría que en el expediente (de la PGR) había información que no había sido suficientemente procesada y que no se habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones, eso es parte de lo que hemos tratado de hacer”.

Por otra parte, añadió, la investigación ha mostrado algunas hipótesis que hay que revaluar respecto del caso.

“El caso no parecía sustentado en una sola hipótesis, no solamente del destino de los normalistas, sino también es una especie de desconexión entre los hechos que sucedieron en la primera parte de la noche, porque los normalistas llegan a la ciudad, a las afueras, luego a la central de buses, salen, y la estructura de la acción orientada a no dejar salir los buses de Iguala y lo que sucedió después, el término del posible destino de los normalistas, y la historia sobre los miembros de Guerreros Unidos”, abundó.

El experto sostuvo que “había una desconexión de estas dos historias que nosotros hemos tratado de unir, porque una buena parte de lo que podemos entender de la segunda parte de la historia está contenida en esa primera parte como fenómeno de desaparición forzada”.

Sobre la quema de los cuerpos, comentó que lo que ellos evaluaron es si se había producido en el basurero de Cocula o no, “y eso es lo que muestra el peritaje de José Torero”.

Beristain reconoció que “aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora con el cual se pudo identificar que pertenecía a este joven de los normalistas de Ayotzinapa”, pero de los demás restos no se han podido hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas a Innsbruck.

En cuanto a los restos de Alexander Mora, apuntó que “ese muchacho fue asesinado y los restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación. Otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos. Hay que rebobinar hacia atrás. Nosotros no hicimos un análisis antropológico-forense, eso correspondía al equipo de peritos argentino o a la PGR, pero sí creemos que hay que rebobinar esa historia hacia atrás para poder saber qué ha pasado con los normalistas”.

Según el experto, lo negativo en este caso es “la consideración solamente de una hipótesis como elemento central de investigación, que lleva a veces a no evaluar otras pruebas que tienes al lado y que si las evalúas de una manera más objetiva, te pueden llevar a otros escenarios, y eso es lo que nosotros hemos planteado a la PGR con las sugerencias”.

Entre lo que debe revisarse de forma urgente, el especialista de la CIDH destacó “la investigación del quinto autobús, ya que puede generar una hipótesis consistente que no se ha tenido en cuenta en la investigación”, en referencia a que presuntamente dicha unidad transportaba droga.

“Ese bus no existía en el expediente, (hay) inconsistencias en declaraciones del chofer, otra es la diferencia entre el autobús que aparece en el registro videográfico de la central de buses de Iguala con el estudio fotográfico que se hizo del bus quinto que se nos presentó, inconsistencias, esa es una hipótesis que hay que considerar”, explicó.

Además, apuntó, “hay que determinar cuál es el lugar al que fue llevado otro chofer de uno de los buses, con una persona que aparentemente dirigía el operativo. Quién es esa persona, esta persona fue llevada allá por una patrulla de la policía estatal”.

Beristain sostuvo que “la investigación y la búsqueda (de los estudiantes) son dos procesos que van de la mano”, por lo que se debe robustecer la primera de ellas.

Otra de las expertas, Claudia Paz y Paz, destacó que el equipo de la CIDH examinó las declaraciones de los presuntos perpetradores que se encontraban en el expediente “y en realidad no hay una sola versión, hay cuatro versiones“.

Explicó: “Hay una versión que señala La Parota, otra versión que señala que los llevaron a la casa de seguridad, otra que señala que iban a atacar un car-wash Los Peques, y esta versión del basurero de Cocula, que se construye con las declaraciones de cinco presuntos responsables.

“Estas declaraciones tenían incongruencias con las otras versiones que se encontraban en el expediente y también entre sí. Algunos de estos cinco señalaban por ejemplo que habían recibido a los jóvenes en Loma del Coyote y los habían llevado directamente al basurero, otra que los habían llevado a una casa de seguridad, otra que los habían llevado a un lugar indeterminado, y por eso es que nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito efectivamente lo que señala es que de acuerdo con el análisis del lugar, con el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible que se hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar”.

Paz y Paz coincidió con Beristain en que debe identificarse plenamente el “quinto autobús” y determinar cuál de las versiones brindadas por el chofer de este autobús es la que corresponde con la realidad, “porque como explicábamos en la presentación del informe, tenemos una versión del chofer que no coincide con la historia narrada por los estudiantes, ni con información del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), y otra declaración manuscrita que sí coincide con las declaraciones de los estudiantes”.

Insistió: “Una de nuestras recomendaciones es que se identifique el autobús, porque el que nos fue presentado tiene inconsistencias con el autobús que aparece en el video que recién vimos, y que se esclarezca si el piloto mintió, por qué dio dos declaraciones, etcétera”.

Paz y Paz refirió que el C4 de Iguala da cuenta de llamadas aún antes de que los estudiantes llegaran a Iguala, cuando ya eran monitoreados, y después de que llegan a la central, cuando se registran incidentes en las calles.

Les llamó la atención que “así como había intensidad de llamadas había momentos de silencio, hubo más o menos una hora de silencio”, pero sí está registrado el ataque a uno de los autobuses perteneciente a un equipo de futbol local.

“En un momento, Sedena tomó control de las comunicaciones”, reveló. Y después hay “periodos de silencio”.

Ayer, luego de que los expertos de la CIDH echaron por tierra la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

“Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia.

La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó.

De su lado, Muñoz Vázquez resaltó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

“Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió.

“Se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”

En la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, los padres de los normalistas desaparecidos recibieron esta mañana a los especialistas de la CIDH y les dieron las gracias por el informe elaborado sobre el ataque contra sus hijos en Iguala.

El contendido del informe es una muestra de que hay las condiciones dadas para que la investigación se rectifique. Eso permitiría recomponer el desempeño del órgano fiscalizador del gobierno federal, destacó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.

“La verdad es que no tenemos dinero para pagarles. Ustedes vinieron aquí sin percibir ningún salario, pero se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”, subrayó.

Luego de recibir con la banda de guerra del plantel escolar a tres de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los familiares de los estudiantes desaparecidos hace casi un año, les colgaron collares elaborados con flores y los invitaron a desayunar.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/414855/2015/09/08/el-caso-ayotzinapa-puede-transformar-la-lucha-contra-la-impunidad-en-mexico-cidh 

Intelectuales y ONG exigen a Peña recibir a padres de los normalistas

 

MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la divulgación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la reacción del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, activistas, académicos y organizaciones sociales exigieron al jefe del Ejecutivo recibir a los padres de familia de los 43 desaparecidos y demás víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014.

En una carta dirigida a Peña Nieto, integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos lo exhortaron a “replantear toda la investigación y también revisar si no se está procesando a personas inocentes”.

Por otra parte, dos centenares de organizaciones sociales mexicanas y extranjeras alertaron sobre un intento de “montaje” tras las declaraciones de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, de que se realizaría un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, para confirmar o descartar la verdad oficial sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

En la misiva firmada por 13 integrantes del Consejo, entre ellos Mariclaire Acosta, Santiago Corcuera y Diego Valadés, hicieron un reconocimiento al presidente por dar instrucciones a las dependencias para analizar las recomendaciones del GIEI y a la procuradora Arely Gómez por anunciar que solicitará a la CIDH la prolongación del mandato del grupo de expertos.

Para los consejeros ciudadanos, el informe “contiene elementos nuevos y de importancia que deben ser valorados por la autoridad mexicana responsable de investigar y sancionar”.

Los firmantes resaltaron que, derivado de la investigación del GIEI, las autoridades mexicanas están obligadas “a explorar líneas de investigación que fueron previamente desechadas por la Procuraduría General de la República” y a revisar si no se está procesando a inocentes.

“Se necesita una tesis clara del caso, sustentada en evidencia que explique qué pasó y quiénes son los responsables”, sostuvieron los consejeros. Además, valoraron el convenio entre el gobierno mexicano y la CIDH para la conformación del GIEI como una apertura “ante las instancia internacionales que debe celebrarse y mantenerse”.

Tras recomendar que se lleve a cabo cuanto antes la reunión con los padres de familia de los desaparecidos, los consejeros ciudadanos, insistieron en que “para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche trágica, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad”, es decir, hacer tangible “el combate a la corrupción y a la impunidad”, elemento central “en su discurso del 2 de septiembre”.

La carta también fue firmada por José Luis Caballero, Roy Campos, Katia D’ Àrtigues, Ana Laura Magaloni, Ricardo Raphael, José Roldán, Pedro Salazar, Sandra Serrano, Regina Tamés y Jaime Valls.

Por otra parte, más de 200 agrupaciones civiles respaldaron el informe del GIEI porque documentó “con solidez el ocultamiento y tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la PGR”.

En un comunicado, las agrupaciones consideraron que luego de haber causado “gran sufrimiento” con la “verdad histórica”, el gobierno de Peña Nieto tendría que dar “muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de propiciar la confianza con las víctimas y sus familiares”, asumir sin restricciones las recomendaciones del GIEI y cumplirlas a cabalidad.

Las organizaciones expresaron su preocupación de que “planteamiento de la PGR en relación a un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula dé lugar a otro montaje, cuando la imposibilidad de que alguna persona haya sido cremada en ese lugar ha sido plenamente demostrada por el peritaje presentado por el GIEI”.

Organizaciones de defensa de derechos humanos de México, Guatemala, Argentina Uruguay, Venezuela, Honduras, Chile, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Colombia, exigieron a Peña Nieto recibir a las familias de las víctima para “reestructurar la investigación oficial e impulsar la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos a partir de las recomendaciones hechas por el GIEI”. También le demandaron extender el mandato del grupo “de manera indefinida hasta que los 43 estudiantes sean encontrados”.

En el comunicado, los firmantes recordaron que el informe del GIEI también “formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad”.

Por ello, insistieron en que el cumplimiento de las recomendaciones “es fundamental para que miles de víctimas de otros casos puedan encontrar la verdad y la justicia que por largo tiempo han buscado”.

Al comunicado se sumaron los colectivos de Defensores de Migrantes y Refugiados, de Migraciones para las Américas y por la Transparencias, así como la Convergencia por los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos contra Todas y todos”, agrupaciones que aglutinan a decenas de organismos, y una veintena de personalidades, entre ellas el poeta Javier Sicilia.
 
Fuente: http://www.proceso.com.mx/414911/2015/09/08/intelectuales-y-ong-exigen-a-pena-recibir-a-padres-de-los-normalistas

“Yo di dinero a políticos, partido PRI, partido PAN, todos los partidos”: Zhenli Ye Gon en Univision

 

¿De quién era el dinero incautado en 2007?, una de las dudas del caso, investigado por Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley.
 “Copelas o cuello’’ fue la expresión que usó el empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon para explicar a un reportero de la agencia Associated Press, la manera como un supuesto operador político lo amenazó si se negaba a guardar 205 millones de dólares en su casa de Ciudad México.

El dinero en efectivo fue hallado en la mansión de Ye Gon en marzo de 2007. Las imágenes de las columnas de billetes de dólares que llenaron una habitación de la Procuraduría General de la República (PGR), le dieron la vuelta al mundo. El gobierno de México presentó la Operación Dragón como el golpe financiero más demoledor a las arcas del narcotráfico en la historia de ese país.

Desde una prisión estatal en Virginia, Ye Gon dio una extensa entrevista a periodistas de Univision sobre los procesos legales tanto en México como en Estados Unidos que no han logrado establecer de quién era el dinero incautado.

“Si yo conociera realmente el negocio de las drogas, el de las drogas ilegales, ofrecería [información]’’, afirmó. “Pero no lo soy, así que no tengo nada que ofrecer. Esa es una terrible situación ¿cómo puedo cooperar?’’, se preguntó.

“Yo di dinero a los políticos, partido PRI, partido PAN, todos los partidos”, afirmó, en la entrevista que forma parte de la investigación especial de Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley.

Ye Gon dijo que teme que lo maten si es extraditado a México. En la solicitud de asilo aseguró ser un “miembro activo y un fiel seguidor del PRI’’ que fue “falsamente acusado’’ de narcotráfico para encubrir una “persecución políticamente motivada [dentro del PAN] en medio de un absoluto desorden de la corrupta política partidista mexicana’’.

GR: ¿Tiene usted enemigos en México?

ZYG: Claro que sí. Tengo muchos.

GR: ¿Quiénes son sus enemigos?

ZYG: Los políticos, la policía y los competidores comerciales. (…) Yo recibí una carta recientemente. La carta decía: “el gobierno de Estados Unidos no te ayudará. Tu abogado no te ayudará. Solo nosotros podemos ayudarte. Pero tienes que seguir nuestras instrucciones. Si no sigues nuestras instrucciones te quedarás en la cárcel para siempre.Tú no sabes dónde estará tu futuro”. ¿Okey? Me piden que los contacte directamente y ellos encontrarán una vía para resolver mis problemas. Ese tipo de cosas.


investigación completa: http://huelladigital.univisionnoticias.com/el-chino/

“La voy a pasar muy mal” si denuncio a políticos mexicanos: Zhenli Ye Gon

 

 MÉXICO, D.F. (apro).- El empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon, identificado como el gran capo del multimillonario comercio ilegal de metanfetaminas, habló de su tortuosa trayectoria entre la ley y el delito, y los procesos legales que enfrenta tanto en México como en Estados Unidos, después del hallazgo de 205 millones de dólares en su casa de Ciudad México, en marzo de 2007.

En una extensa entrevista con Univision, Ye Gon, preso en una cárcel de Virginia, aseguró que él dio dinero a los políticos mexicanos de “todos los partidos”, y dijo que teme que lo maten si es extraditado a México.

“Yo llevo un uniforme de preso. Si yo denuncio los nombres (de los políticos), uno por uno para mí no es bueno porque yo enfrento una extradición y si regreso me van hacer pasar muy mal’’, agregó.

El empresario, quien se hizo famoso por su frase “coopelas o cuello”, que usó para explicar la manera como un supuesto operador político (el ahora senador panista Javier Lozano Alarcón) lo amenazó si se negaba a guardar los 205 millones de dólares en su casa, no negó que hubiera intentos de cooperación con la justicia de Estados Unidos, pero explicó que no tenía nada que ofrecer.

“Si yo conociera realmente el negocio de las drogas, el de las drogas ilegales, ofrecería (información)’’, afirmó. “Pero no lo soy, así que no tengo nada que ofrecer. Esa es una terrible situación ¿cómo puedo cooperar?’’, se preguntó.

En su solicitud de asilo, Ye Gon aseguró ser un “miembro activo y un fiel seguidor del PRI’’ que fue “falsamente acusado’’ de narcotráfico para encubrir una “persecución políticamente motivada (dentro del PAN) en medio de un absoluto desorden de la corrupta política partidista mexicana’’.

Según el empresario, sus enemigos en México son los políticos, la policía y los competidores comerciales, y destacó que en días recientes recibió en la prisión una carta que decía: “El gobierno de Estados Unidos no te ayudará. Tu abogado no te ayudará. Solo nosotros podemos ayudarte. Pero tienes que seguir nuestras instrucciones. Si no sigues nuestras instrucciones te quedarás en la cárcel para siempre. Tú no sabes dónde estará tu futuro”.

Y aseguró, sin decir nombres, que le piden que los contacte directamente y ellos encontrarán una vía para resolver sus problemas.

En su edición que comenzó a circular este domingo (2027), la revista Proceso publicó un reportaje donde se señala que desde que en junio pasado la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó atraer el caso de Zhenli Ye Gon, el gobierno de Enrique Peña Nieto está a la espera de que el Departamento de Estado decida extraditar al empresario chino naturalizado mexicano.

México y el país vecino están por concretar un intercambio de extraditables. Y aunque el exempresario farmacéutico podrá regresar libre de culpas en Estados Unidos, puesto que desde hace seis años allá la justicia lo absolvió del delito de narcotráfico por falta de pruebas, aquí se mantienen las acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico fincadas desde hace ocho años, destaca la nota.

El gobierno de Felipe Calderón, su acusador, no pudo sostener sus señalamientos ante las autoridades estadunidenses. Ye Gon, a su vez, tampoco logró convencerlas de que era un perseguido político.

Nacido en Shangai, China, en enero de 1963 y naturalizado 40 años después en México, le imputó a Calderón haber contado con un millonario fondo ilegal en su campaña presidencial de 2006. Según Ye Gon, de los 205 millones de dólares que el gobierno calderonista le aseguró en su casa en 2007, por lo menos 100 millones eran parte de ese supuesto fondo ilegal.

Ye Gon acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haberle mentido al Departamento de Estado y a la Corte Federal del Distrito de Columbia al destruir evidencias que lo beneficiaban. El señalamiento directo lo hizo contra el titular de la PGR en el sexenio de Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el sexenio pasado, la PGR dejó que el caso se quedara en Estados Unidos, al tiempo que Ye Gon aplazaba su extradición, solicitada formalmente por el gobierno mexicano en septiembre de 2008. La petición fue firmada por el ministerio público Jorge Joaquín Díaz López, quien trabajó en la PGR hasta 2009 para incorporarse al despacho de abogados del exprocurador Antonio Lozano Gracia.

Aunque fue absuelto, el empresario chino-mexicano ha estado en una prisión estadunidense desde 2007, por lo que ya lleva ocho años encerrado, dos menos de la pena mínima a la que habría sido condenado de habérsele encontrado culpable.

La PGR no sólo fue incapaz de probar sus acusaciones en Estados Unidos. Tampoco ha logrado en México sentencias definitivas contra todos los que acusó de ser parte de un grupo de delincuencia organizada supuestamente encabezado por el exempresario.

Ye Gon intentó desde un principio quedarse en Estados Unidos, bien como testigo protegido o bajo asilo político. Ninguna de sus acciones prosperó, pero logró no ser entregado al gobierno calderonista.

En su momento, Estados Unidos le negó a Ye Gon la petición de asilo en Estados Unidos. Dijo que en ese momento estaba detenido por la acusación de traficar con sustancias controladas y no por algún pedido de extradición por parte de México.

Ye Gon insistió en la protección de la justicia de Estados Unidos, pero un juez se la negó. Le argumentó que estaba especulando sobre situaciones eventuales: “No presenta un respaldo legal sobre su futuro confinamiento, extradición o deportación”, y le reiteró que no había aún ningún proceso penal en su contra.

Las autoridades también se negaron en ese momento a integrarlo al programa de testigos protegidos, pese a los argumentos políticos del empresario. Además de declararse como perseguido del gobierno de Calderón, alegó que tenía relación con el exsenador del PRI Fidel Herrera, quien luego fue gobernador de Veracruz.

Desde entonces, Zhenli Ye Gon aseguró que si era extraditado, enfrentaría un “inminente asesinato, torturas y otros tratos crueles”.

Argumentó: “Definitivamente seré eliminado por el corrupto régimen de México bajo Felipe Calderón y bajo el gobierno del PAN, en represalia política, persecución y deseo de silenciarme para siempre porque soy un testigo clave del fraude del PAN en la elección presidencial”.

De ser extraditado, Zhenli Ye Gon enfrentará en México cuatro acusaciones: delincuencia organizada, narcotráfico, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lavado de dinero.

Para el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no se pudo comprobar que haya traficado droga a ese país.

fuente: http://www.proceso.com.mx/414778/2015/09/07/la-voy-a-pasar-muy-mal-si-denuncio-a-politicos-mexicanos-zhenli-ye-gon/d

Dan formal prisión a otros cuatro funcionarios por fuga de ‘El Chapo’

 

MÉXICO, D.F. (apro).- Un juez federal con sede en el Estado de México dictó auto de formal prisión a otros cuatro servidores públicos por su presunta implicación en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio.

En una tarjeta informativa, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, precisó que la formal prisión contra los servidores públicos –dos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y dos del centro de control de monitoreo del penal del Altiplano– deriva de su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de presos.

“El pasado 29 de agosto este Juzgado de Distrito liberó una nueva orden de aprehensión en contra de cuatro servidores públicos por el delito antes referido, cuya orden de captura fue cumplimentada, quedando a disposición de la autoridad jurisdiccional en el penal federal del Altiplano”, destaca la nota.

Con las nuevas pruebas, la autoridad jurisdiccional concluyó que a la hora de la fuga del líder del Cártel de Sinaloa no hubo falla en el sistema de monitoreo de la celda 20, donde se encontraba el capo, además de que los servidores no atendieron los protocolos de seguridad, no informaron oportunamente de la evasión, ni activaron el código rojo.

El juez de la causa consideró que los cuatro funcionarios “favorecieron la fuga” de Guzmán Loera.

Esos funcionarios ya habían sido detenidos en julio pasado, pero se les liberó porque supuestamente no existían datos que justificaran su formal procesamiento, según un boletín de prensa del Poder Judicial de la Federación con fecha 24 de julio.

Los funcionarios procesados por el caso suman siete hasta ahora. Los otros tres que ya están bajo proceso –luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato les dictó auto de formal prisión– son el responsable del Centro de Control de la prisión y dos guardias de seguridad.

En aquella ocasión se estableció que la forma de la fuga de Guzmán Loera indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la prisión, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado permitía afirmar que funcionarios públicos propiciaron y favorecieron al evasor.

fuente: http://www.proceso.com.mx/414805/2015/09/07/dan-formal-prision-a-otros-cuatro-por-fuga-de-el-chapo/d

Exigen ONG a EPN acatar recomendaciones del GIEI sobre Ayotzinapa

 

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su respaldo a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las fallas y omisiones de la PGR en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y criticaron las resistencias institucionales para reconocer los errores.

Luego de que los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaran la versión de que los jóvenes estudiantes fueron calcinados en el tiradero de Cocula, Guerrero, y que confirmaran la presencia de autoridades federales, estatales y municipales en los escenarios en que ocurrieron los ataques contra los normalistas en Iguala, defensores internacionales exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto acatar las recomendaciones y aceptar la prórroga al GIEI para esclarecer el caso.

Luego de conocer las conclusiones, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró que “no hay sorpresa” para su organización que puso en duda la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, y lamentó la incertidumbre por el destino final de los jóvenes.

“Para Amnistía lamentablemente el informe no es una sorpresa, resulta desafortunado que se haya recibido con mucha tristeza por familias y las comunidades por no saber qué ha ocurrido realmente con los 43 estudiantes, hay mucha frustración e impotencia a casi 12 meses de los hechos”, dijo la defensora.

Tras recordar que desde que Murillo Karam dio a conocer “la verdad histórica”, AI rechazó esa versión, enseguida señaló que “era por un lado una conclusión muy preliminar sin contar con todos los elementos de prueba y muy irresponsable por parte de la PGR mostrar información que estaba sostenida mayoritariamente en dos testimonio de presuntos responsables”.

Guevara Rosas también lamentó los intentos de funcionarios del gobierno de Peña Nieto por descalificar las conclusiones del GIEI.
En entrevista, la representante regional de la organización con sede en Londres manifestó su desconcierto por el “cinismo” de funcionarios del gobierno de Peña Nieto que continúan sosteniendo la versión descalificada por los expertos independientes.

Y es que a unas horas de conocerse los resultados de los seis meses de análisis sobre las indagatorias, además de tuits cuestionando a los expertos, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, dijo en entrevista radiofónica que descartó reencauzar la investigación, y reiteró que “la verdad” para la PGR es que “en el basurero fueron ejecutados (los estudiantes), fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número importante de estudiantes”.

Sin embargo, para la defensora la respuesta de las autoridades federales revela un “encubrimiento frente a una situación tan grave y revela cierto grado de cinismo cuando la situación tiene que ser tomada con seriedad”.

Al señalar que tampoco se da por sorprendida con el descubrimiento de la presencia del Ejército la noche fatídica del 26 y 27 de septiembre de 2014 –“hace diez años que AI viene documentando serias violaciones de derechos humanos por personal militar”—, Guevara Rosas consideró que una vez más México tiene una oportunidad para esclarecer no sólo el destino final de los 43 estudiantes, sino de las más de 25 mil personas desaparecidas.

Al señalar que “el caso de la desaparición forzosa de 43 estudiantes fue sólo la punta del iceberg de una realidad dolorosa”, la representante de Amnistía Internacional para las Américas señaló que las recomendaciones “muy concretas” del GIEI en el caso de los estudiantes y el de los miles de desaparecidos, “el gobierno de México tiene en sus manos una herramienta para empezar a implementar cambios reales y no sólo cambios retóricos de discursos vanos y falsos”.

Por otra parte, en comunicados por separado organizaciones como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) destacaron que el GIEI echó abajo la versión oficial y exigieron un saneamiento de la investigación y del personal a cargo.

Al señalar que la procuradora general de la República, Arely Gómez, “se abstuvo de hacer declaraciones sobre los graves errores del gobierno en la investigación”, la coordinadora de WOLA para México, Maureen Meyer, recomendó “restructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas”, así como “crear un nuevo equipo dentro de la PGR para estar a cargo de la siguiente etapa de la investigación”.

La defensora destacó que el informe del GIEI reveló que “el gobierno trató de vender a la familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica”.

Meyer consideró preocupante que en el intento por mostrar una realidad distinta “el gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varis medidas, incluyendo posiblemente el uso de la tortura, para respaldar su versión de los hechos”, lo anterior contra el derecho de las familias a saber qué pasó.

En tanto, el IJPP consideró como una “falta de compromiso institucional con la verdad” las declaraciones de Tomás Zerón, al reiterar la “verdad histórica” sostenida en declaraciones de inculpados, lo que confirmarían lo que las organizaciones han documentado durante años: “Innumerables casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.

La organización civil exigió al gobierno de Peña Nieto que “reconozca la debilidad de la investigación de la PGR; tome en cuenta el informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación que deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial”, respetando el debido proceso de las personas implicadas y los derechos de las víctimas.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/414796/2015/09/07/exigen-ong-a-epn-acatar-recomendaciones-del-giei-sobre-ayotzinapa/d

AMLO, candidato puntero rumbo a 2018

 

 MÉXICO, D.F., (apro).- El líder del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es el candidato mejor posicionado para la elección presidencial de 2018, según la encuesta nacional de El Universal/Buendía & Laredo.

El ejercicio realizado entre el 14 y 19 de agosto se centró en preguntar a los encuestados que dijeran, de manera espontánea, quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República; el 11% contestó que el tabasqueño.

Si bien, la calificación no es contundente, es la más alta obtenida entre los posibles candidatos nombrados por los entrevistados: los priistas, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Osorio Gong, Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones.
Del PAN, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala Gómez del Campo, Gustavo Madero y Ricardo Anaya; del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Peña continúa campaña disfrazada contra AMLO: El populismo implica “claudicar”

 

MÉXICO, D.F., (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las alusiones al populismo que hizo en su mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno no tuvieron un destinatario en particular, aunque reiteró que dicha práctica conlleva riesgos.

“Hice una reflexión en el informe. Advertí que en distintos pasajes de la historia de la humanidad ha ocurrido que cuando hay en el ánimo de la sociedad desconfianza, frustración, a veces ha ocurrido que se opta por salidas falsas, fáciles.

“Alerté sobre esto (el populismo) porque me parece que sería claudicar y, sobre todo, retroceder en lo que como país hemos avanzado, y no sólo me refiero a lo que hemos logrado en estos años de administración, lo que hemos construido en varias décadas con generaciones que nos han antecedido. Por eso esta reflexión que hice no tiene destinatario en lo particular”, explicó en entrevista con El Universal.

Y a SDP Noticias, el único portal electrónico al que consideró el mandatario en su batería de entrevistas post-informe, Peña Nieto explicó que su mensaje iba en el sentido de dejar en claro que para las dificultades no hay soluciones fáciles ni mágicas.

Las afirmaciones del mandatario tuvieron respuesta por parte de Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado domingo durante una gira por Zacatecas. El tabasqueño afirmó que Peña Nieto ‘‘es un presidente mediocre y ladrón, y si por ser honesto me acusan de populista, que me apunten en la lista’’.

Durante la entrevista con Arreola, el presidente dijo que al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no lo considera un enemigo sino un adversario con quien tiene diferencias.

“Mira yo creo que hay que decir, fuimos adversarios políticos y no enemigos, vale la pena apuntar, no es lo mismo ser adversarios políticos por diferencia en la visión y óptica, esto es distinto a ser enemigos, yo no creo en los enemigos con la política”, dijo.

Si así fuera, abundó, difícilmente habría podido construir el pacto por México, con quienes durante la elección y después del triunfo electoral lo criticaron y denostaron. “A final de cuentas se entiende que ese sea una condición de la competencia democrática”, apuntó.

El presidente recordó que incluso cuando el tabasqueño sufrió un infarto, le escribió un tuit expresando su solidaridad, deseando una buena recuperación “como hoy deseo se encuentre en una condición de salud estable y de normalidad”.

Sobre su propio estado de salud, desmintió los rumores en el sentido de que padece una enfermedad grave y afirmó que si bien la presidencia causa estrés y genera mucha presión, es necesario mantener un régimen de ejercicio y a ello atribuyó el hecho de estar más delgado que al inicio de su gobierno.

También habló sobre la petición de López Obrador de vender el avión presidencial, adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón. Al respecto dijo que pedirá a la Secretaría de Hacienda que haga un análisis serio de si conviene al gobierno venderlo o mantenerlo ya que con el que se cuenta actualmente para los traslados oficiales tiene más de 30 años de antigüedad.

Según Peña Nieto el costo del avión adquirido en la pasada administración no fue el que se dio a conocer en los medios pero no dijo cuánto costó y afirmó que no es una aeronave para la comodidad del presidente y que la mayor parte de sus asientos son ocupados por representantes de la prensa que cubren sus actividades.

En la entrevista con El Universal, Peña Nieto recordó que en su mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno reconoció que el último año de su gobierno ha sido “difícil”, marcado por momentos trágicos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los señalamientos por conflictos de interés que involucraron a la Presidencia, por el caso de la Casa Blanca; los casos de corrupción en distintos ámbitos de gobierno y privado y la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”.

“Todo eso parece que refleja, lamentablemente para este último año, situaciones de violencia, situaciones de ausencia de Estado de Derecho, situaciones que ponen desconfianza en las instituciones del Estado Mexicano”, reconoció.

Y afirmó que pese a que todos merecen atención, seguimiento e investigación, “también vale la pena decir lo que hemos logrado a partir de 2012”.

Al respecto, destacó que las prioridades de su gobierno para los próximos tres años están fijadas en tres objetivos: combatir con mayor eficacia la pobreza; mantener la estabilidad económica y fortalecer el estado de derecho.

Para combatir la pobreza, dijo, “lo que vamos a hacer es apretarnos el cinturón”, ajustar el presupuesto para que fundamentalmente recortemos el gasto dedicado a la burocracia, optimizar el destino del gasto y evitar duplicidad de programas.

Y afirmó que su proyecto de nación basado en las “reformas estructurales” se mantiene “con determinación y firmeza”.

“He convocado a la sociedad mexicana para que no claudiquemos, porque si bien el escenario mundial puede proyectarnos incertidumbre, alta volatilidad financiera, creo que debemos mantenernos muy firmes en los postulados, sobre todo, en la concreción de los cimientos que ya hemos puesto para que México tenga mejores condiciones”, afirmó en entrevista con El Universal.

La más reforma importante, dijo, es la educativa y afirmó que ésta se logró a pesar de la oposición de los maestros disidentes y con el apoyo del gobierno de Oaxaca, a cargo de Gabino Cué.

Oaxaca, dijo es el único estado donde “auténticamente una sección sindical (la 22 de la CNTE) se había adueñado, era al tiempo de ser trabajadores, la propia autoridad, lo cual era inadmisible y ante ello había que actuar, se logró de forma concertada con la autoridad local” presumió.

Sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán –la segunda en su carrera delictiva—reconoció que evidenció la “vulnerabilidad” del sistema penitenciario y para su gobierno representa un reto su reaprehensión.

La fuga, dijo, le causó un “enorme enojo, una molestia, frustración” y tras reconocer la vulnerabilidad del sistema penitenciario, afirmó que dio instrucciones para fortalecerlo.

De hecho, apuntaló, su gobierno trabaja para aplicar la ley al Chapo y aquellos identificados como jefes de organizaciones criminales que están evadidos de la justicia. De 122 que han sido identificados, afirmó, 90 ya fueron aprehendidos y dejaron de ser “un riesgo para la sociedad mexicana”.

Sobre una eventual extradición si el capo es recapturado dijo que será la Procuraduría General de la República (PGR) la que valore, pondere y siga los procesos legales correspondientes.

Peña Nieto también se refirió a un posible debate en torno a la legalización de la mariguana y aunque en lo personal dijo que no cree que sea una salida para combatir al crimen organizado se dijo abierto a impulsar primero un debate interno para fijar una postura como país.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/414757/2015/09/07/pena-continua-campana-disfrazada-contra-amlo-el-populismo-implica-claudicar/d

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